Para que la reforma llegue a buen puerto tiene que pasar aún por el Consejo de Ministros y el parlamento, donde todavía podría sufrir algunas modificaciones. De momento, lo que tenemos es que los dueños de los sitios web que enlacen a contenidos protegidos y, por lo tanto, ilegales, tendrán que afrontar una pena de cuatro a seis años de cárcel, según la gravedad del caso (influirán la cantidad de contenido o el dinero generado en tráfico, por ejemplo). Así pues, el simple enlace también queda criminalizado.
Esto se contradice con el veredicto de varios jueces españoles, que durante los últimos años estuvieron exculpando a los administradores de las páginas que actuaban como intermediarias, ya que no se les consideraba responsables de subir ese contenido a la red. La Ley Sinde y otras iniciativas similares han ido en contra de estas sentencias, consiguiendo al final que este tipo de páginas entren también en el saco de la piratería y, por lo tanto, susceptibles de ser condenadas a pena de prisión.








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